El poder de la industria farmacéutica es impresionante. Es un sector estratégico cuyos beneficios crecen a un ritmo sideral. Con el paso de los años, y fruto de ese poder, se ha generado a nivel internacional una red legislativa que tiende a exonerar de responsabilidad a estas todopoderosas multinacionales. La crisis mundial del COVID potenció todo esto y las farmacéuticas exigieron fórmulas legales de inmunidad frente a las reclamaciones de consumidores, en base a la “excepcionalidad” de la situación de emergencia. En la Unión Europea, la cláusula de exención sólo vincula a la farmacéutica y a los Estados, no a los consumidores en su calidad de terceros.  En EE.UU la mayor parte de la legislación concebida para este propósito expiraba en el año 2023, pero se las han apañado para ampliarlas hasta el ejercicio 2029. Este blindaje legislativo afecta no sólo a las terapias génicas con ARN que se implementaron en el COVID sino que lo han extendido a otros productos como las vacunas infantiles o contra la gripe estacional. Ya no se trata de una respuesta a una emergencia; se trata de una protección corporativa permanente a expensas de los derechos individuales de la ciudadanía.

El entramado de intereses que explosionó con la “plandemia” fue tan brutal, que ralentizó sobremanera los informes, estudios, autopsias y dictámenes que continuamente están apareciendo sobre lo que realmente aconteció. Es revelador el enjuiciamiento del Dr. Anthony Fauci por negarse a colaborar sobre la investigación como máximo responsable de la gestión del COVID 19 en EE.UU.  Muy curioso que a este gerifalte se le concediera por el Gobierno del presidente Biden, un indulto presidencial preventivo. Si, lo has leído bien: preventivo.

Cada mes se publican más informes. El Ministerio de Salud de Israel notificó a Pfizer el fallecimiento de 58 personas por miocarditis o pericarditis tras la inoculación de su vacuna. En España, la AEMPS lo reconoció como efecto adverso en diciembre de 2021, alegando que era leve y benigno. A pesar de todo ello seguimos sin tener cifras fiables del exceso de mortalidad desde 2021 y cuando aparecen se achacan al  “cambio climático y sus olas de calor”.

La lucha por alcanzar la verdad, por defender los derechos de los pacientes frente a una administración mediatizada, y una industria farmacéutica obsesionada con incrementar los beneficios, adquiere tintes “prometeicos”. En España, la primera batalla judicial  contra el gigante farmaceútico Moderna Biotech Spain S.L. se ha gestado en Canarias en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Santa María de Guía. En la sentencia, se exonera por completo al laboratorio de las devastadoras secuelas trombóticas sufridas por un ciudadano tras la inoculación de Spikevax. Representado por la letrada canaria Cristina Armas, la carga de la prueba ha resultado tan desmedida, que ha encendido todas las alarmas entre los juristas especializados en responsabilidad por productos defectuosos. Se impone un estándar probatorio tan restrictivo que amenaza con vaciar de contenido efectivo la protección legal de los ciudadanos consagrada en el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (TRLGDCU).

La sentencia del juzgado de Santa María de Guía desatiende la doctrina europea de indicios del TJUE y el canon protector del caso ‘Agreal’ del Tribunal Supremo, elevando a un plano de prueba imposible la exigencia de causalidad en daños por vacunas. El caso expone con crudeza el desequilibrio estructural entre una multinacional farmacéutica blindada por inmensos recursos técnicos y un consumidor afectado que, tras quedar en una situación de incapacidad permanente absoluta por un colapso vascular múltiple, se ve abocado a una prueba diabólica: demostrar con certeza científica absoluta lo que la propia ciencia médica aún investiga. Se pasan por el arco del triunfo el canon que tanto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) como el Tribunal Supremo español han establecido para proteger a las víctimas de productos sanitarios.

La ciencia es debate. Los lobbies de las multinacionales farmacéuticas secuestran la controversia necesaria para el desarrollo de la ciencia, con la ayuda de los gobiernos sometidos a su poder. Cuando el dinero entra en el debate, cuando lo políticamente correcto cercena la libertad, la calidad del desarrollo científico es más que cuestionable. La evidencia científica está modificando poco a poco ese relato. Nadie quiere hablar de todo lo que pasó, es un tema incómodo pero la búsqueda de la verdad es más necesaria que nunca. En aquellas horas oscuras se rechazó la inmunidad natural de quienes habían superado la dolencia y se ejecutó un programa de vacunación indiscriminada. Para ello se emplearon terapias génicas que no cumplían ninguno de los tres requisitos para su aprobación: seguridad, eficacia y necesidad.  Incluir a los niños en los programas de vacunación, teniendo en cuenta la leve situación clínica que les provocaba, resulta simplemente escandaloso.  A los políticos, como empezamos a ver ahora, sólo les animaban los beneficios.

El Tribunal de Luxemburgo sentenció en el año 2017 que ante la falta de un consenso científico absoluto, el derecho de la Unión establece que es posible demostrar el defecto de un medicamento y la causalidad mediante un conjunto de indicios graves, precisos y concordantes. El TJUE advirtió que exigir a la víctima una prueba científica incuestionable desnaturalizaría la Directiva europea de responsabilidad por productos defectuosos. En el caso enjuiciado en Gran Canaria, el demandante acreditó una secuencia temporal implacable, informes periciales detallados y la ausencia de patologías previas determinantes. Sin embargo, el tribunal exigió un grado de certeza irrefutable, desestimando la reclamación bajo el pretexto de que las agencias reguladoras (EMA) no han catalogado formalmente la trombosis como reacción adversa oficial.

La inversión de la carga probatoria, la vulneración del consentimiento informado, la imposición de las costas como herramienta disuasoria, dificultan la lucha frente a la impunidad de las farmacéuticas; pero esto sólo acaba de empezar.

Luis Nantón Diaz.