Todo transcurre tan rápidamente que perdemos la perspectiva. Los cambios que operan en la sociedad son tan vertiginosos, que vamos aceptando sumisamente lo inaceptable, y parece normal lo que es injusto, inútil e incluso aberrante. Disfrazamos la más egoísta indiferencia con los ropajes de la comprensión más altruista.

Cada día tenemos menor poder adquisitivo, nula capacidad de ahorro y una libertad de decisión cada vez más mermada. Pero nos contentamos, porque al menos tenemos algo, sin darnos cuenta de que hay alguien, que nos lo está arrebatando. Y es nuestro. 

Nuestro gran timonel y su brillante ministra Chiki han subido los impuestos al menos 70 veces desde que alcanzó el poder en 2018, según un informe del Instituto Juan de Mariana. Nuestro país ha sido la nación de la Unión Europea con mayor incremento de la presión fiscal desde 2019. El déficit se ha ido oficialmente cerca del 4% y, aunque se asegura que se ha equilibrado, está en 53.000 millones de euros.

Estamos tan acostumbrados a la pésima gestión de la administración, al derroche de recursos, al encumbramiento de la ineficacia, a no cumplir objetivos, que tenemos grabado en nuestro ser, que no puede ser de otra forma. Pero es así, y cada día peor, porque lo permitimos y alimentamos.

El Estado es una empresa, al menos debería serlo en su operativa. No tiene ánimo de lucro, sino que debe organizar, atender y satisfacer las diferentes necesidades de sus nacionales. Esa población, nosotros, los ciudadanos, somos los que mantenemos al Estado y todo su aparato. No es al revés. El Gobierno NUNCA te da nada. Si te entrega un servicio, un recurso, una ayuda, es porque previamente esa ciudadanía no solo le ha otorgado la potestad, sino los recursos necesarios. No lo olvidemos jamás, aunque esta bochornosa clase política esté obsesionada en que no seas consciente.

El siempre meticuloso Instituto Juan de Mariana determina que una renta media en España supone un salario total real de 35.000 euros, pero a este montante hay que descontarle 8.160 euros de cotizaciones a cargo de la empresa y 1.731 euros de contribuciones a nombre del trabajador, así como un IRPF de 3.860 euros y un gasto acumulado por impuestos IGIC / IVA de 1.450 euros. En total, el 44% del salario completo de los currantes termina en las arcas de Hacienda debido a estas tres figuras fiscales. Si le añadimos a esta interminable voracidad tributaria el IBI, cada paganini soporta al año cerca de 16.000 € de impuestos. Sí, el IBI, ese impuesto que pagamos todos los años, por el pecado de comprar una casa, y no dedicarnos a ocupar la del vecino.  Casi el 45% de la renta para una administración tan voraz, como ineficiente.

Y no podemos olvidar el notable impacto de las rentas del ahorro, los impuestos sobre las herencias y el patrimonio, la imposición aplicada a la compra de vivienda, los gravámenes que afectan a la compra y uso del automóvil, la tributación de las primas de seguro… y un interminable elenco de tributos, tasas, impuestos y diezmos con los que nos tienen absolutamente esquilmados. Y por favor, que no nos insulten con la manida frase de que es para educación y sanidad. Claro que sí, pero bien gestionado todo, por gente capaz y volcada en el futuro, verdaderamente disfrutaríamos de otra “dimensión” de sanidad y educación.

Si en vez de elecciones, se plantearan procesos de selección, como ocurre en las empresas, este cuento sería muy diferente. En las empresas se contrata a los más aptos para optimizar los recursos, sean los que sean. Simple y sencillamente porque la funcionalidad del proyecto, la viabilidad de esa estructura depende de la coordinación y entrega de todos sus miembros. Si el gobierno, los gobiernos locales, los ayuntamientos, fueran algo parecido a una empresa, muy pocos de los políticos actuales superarían el primer filtro. Ni por formación, ni por experiencia, ni por disposición.

Personalmente, salvo honrosas excepciones, yo no contrataría a ninguno ni para gestionar un quiosco de prensa, con todos mis respetos para cualquier negocio y empresa. Y sé, que Usted, sería igual de exigente que servidor, a la hora de contratar a alguien que gestione y preserve su industria y patrimonio. Y menos mal que España siempre se caracterizó por magníficos profesionales en la administración. La formación de nuestros funcionarios está más que acreditada, pero su eficacia está degradada artificialmente por la incorporación de miles de contratados a dedo por los partidos políticos.

Sigo sin comprender el silencio de la sociedad ¿No pagamos facturas? Siempre pongo el ejemplo de los combustibles, de los suministros o de los precios de la alimentación. Los precios de los supermercados se han elevado de media un 38% entre diciembre de 2020 y diciembre de 2023, frente a poco más del 6% que lo hicieron los salarios en ese mismo periodo. Pues los parados también acuden al super, como todo hijo de vecino, y hay 4.020.000 desempleados, porque las ilusorias cifras del SEPE son un engaño monumental. Estos desalmados han convertido las cifras de desempleo en una mercancía para el engaño y el juego de los políticos. La gran pregunta es: ¿qué está haciendo mientras tanto el ministerio de Economía para evitar que esto siga produciéndose? Y la respuesta es muy sencilla: nada.

Los caraduras del Gobierno sacan pecho porque el PIB ha crecido un 2%, pero desde la Unión Europea son plenamente conscientes de que las cuentas están adulteradas, es un crecimiento a base de incrementar el gasto público y la deuda. Peco de visionario, pero se trata de otorgar el verdadero sentido de siempre a las cosas. Apostaría por restablecer la primacía de lo político (el gobierno de los hombres) sobre lo económico (la gestión de las cosas), siempre que ambas áreas se desarrollen diligentemente. En cambio, su Sanchidad y mariachis me recuerdan cada vez más a Groucho en aquella escena de ‘Los Hermanos Marx en el Oeste’ en la que, para poder echar algo de madera a la caldera del tren, terminaban por quemar los vagones. Y ya no nos quedan vagones, nos los han prestado.

Luis Nantón Díaz