Su Sanchidad, nuestro Gran Timonel, actúa como actúa porque puede hacerlo. Lo sabe perfectamente y como buen tahúr, calcula al milímetro sus pasos al filo de la navaja, sobre todo porque los borregos, somos cada día más borregos. Por favor, no nos olvidemos que el Tribunal Constitucional declaró ilegales dos consecutivos estados de alarma, por eso, porque eran ilegales. Por primera vez, también nuestro alto tribunal declaró anticonstitucional el cierre del Congreso de los Diputados, porque no se respetó nuestra Carta Magna. Hace unos días, el Tribunal Constitucional suspende un trámite parlamentario por no ser legal, o tener visos de ello. Si realmente somos conscientes, el patrón se repite. El Gobierno de España, apoyado por una serie de partidos a los que España les importa un pimiento, actúa al margen de la legalidad, porque saben, que no pasa absolutamente nada.

Mientras, todo el poder mediático, dominado por la izquierda globalista a golpe de talonario, empecinados en demostrar que hay unos jueces conservadores muy malos, que no respetan la soberanía popular. Por eso utilizan titulares como “El bloque conservador del Constitucional impide votar en el Senado la reforma sobre su propia renovación”, titular extremadamente engañoso por diferentes motivos. Realmente el Tribunal Constitucional no impide la votación, sino que se vote sin haber seguido previamente el procedimiento parlamentario estipulado. No debemos olvidar que los procedimientos suelen ser garantías de derechos y resulta importante observarlos, sobre todo con un gobierno acostumbrado a legislar a golpe de decretos, utilizando festivos, la nocturnidad y hasta partidos de fútbol…

El Tribunal Constitucional no ha cedido a las brutales presiones desde Moncloa y de la izquierda política y mediática, admitiendo la adopción de las medidas cautelarísimas propuestas por el Partido Popular en el recurso de amparo planteado. El Tribunal de Garantías ha paralizado la gestión parlamentaria de los cambios en las leyes orgánicas del Poder Judicial y del propio Tribunal Constitucional, que fueron aprobados por el Congreso mediante enmiendas al Código Penal, sin los informes del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo de Estado y del Consejo Fiscal. No es la primera vez que su Sanchidad tramita sus cambalaches legislativos como proposición de ley para sortear los preceptivos informes de estas tres instituciones.

Todas estas prisas, todas estas urgencias, obedecen al objetivo del Gobierno de quitarse con prontitud el incómodo paquete de los cambios en la legislación sobre sedición y malversación, unido al esperpento judicial de la ley del “sí es sí”. Tan incomodo como escuchar a Pachi Lopez, portavoz del grupo socialista en el Congreso de los Diputados, que la reforma sobre la sedición realmente es un endurecimiento de medidas frente a los golpistas, o que no es lo mismo robar para uno mismo, que, para el partido, en el caso de la malversación. Son unos malabarismos que siempre tienen un mismo algoritmo. Se trata de explicar o de hacer, justo lo contrario de lo que se dice o promete. No falla nunca.

 

En el PSOE no son tontos, aunque algunos como el amigo Pachi, con ese rollo entre el servilismo y no sé qué es lo que hago aquí, hagan lo posible por disimularlo. Lo que ocurre, lo que “cocinan” en la Moncloa no es culpa de los candidatos socialistas de cada pueblo, transformados en víctimas. La responsabilidad será de Sánchez y de su devoción por destruir el partido de donde un día lo expulsaron a patadas. Todo ello sin olvidar, que toda esta locura con la politización del poder judicial es un problema larvado desde hace décadas, que han mantenido y sustentado el PSOE y el PP, con el mayor descaro y arbitrariedad. Ambos partidos, con la colaboración de las bisagras temporales de turno, han alentado esta situación que cada día enrarece más la necesaria separación de poderes.

Sí, tienen mucha prisa desde el gobierno en quitarse estas losas de encima, sobre todo porque son conscientes de nuestra amnesia colectiva, y de que tienen un sombrero lleno de sorpresas, para tapar un problema, con otro. Y esto es lo único que debemos tener claro, que, gracias a esta inacción para los problemas reales, los que verdaderamente asolan a la ciudadanía, no nos van a faltar los problemas.

Me da risa escuchar a los partidos políticos de siempre, que juegan a espaldas de los ciudadanos, hablar de soberanía nacional. Estos partidos políticos solo obedecen a sus estructuras y particulares intereses, y solo hay que verlos votar en bloque, sin ningún tipo de fisuras, cosas que son realmente indecentes. Quien se mueve, no sale en la foto. Nuestra nación debe decidir, para que esa soberanía nacional no sea escamoteada por nadie desde dentro ni desde fuera de la nación. Algo no funciona cuando permitimos la subversión que significa que los partidos políticos determinen las cosas no en nombre sino en lugar de los ciudadanos.

El ministerio de hacienda refleja aproximadamente 100.000 españoles que abonan algún tipo de cuota en algún partido político. Todos ellos, posiblemente con algún puesto en la administración, pero ello es una simple divagación. Otros estudios hablan de una vinculación superior a 760.000 ciudadanos a nivel nacional, vinculados a partidos políticos. En cualquier caso, teniendo en cuenta las enormes oscilaciones en el voto pendular que sufrimos, no sé hasta qué punto se puede hablar de soberanía popular, cuando ésta está secuestrada por los partidos políticos. Nuestra Constitución, esa misma Constitución que no respetan y se saltan a la torera, especifica que los partidos políticos son instrumentos, meras herramientas para la participación ciudadana, pero finalmente se han convertido en un objetivo en sí mismos, secuestrando esa soberanía popular con la que nos aburren y engañan.

Respetar la Constitución es, entre otras cosas, defender y acatar las instituciones del Estado, es decir, el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional y no comparar a estos últimos con oscuros delincuentes, como ha hecho la izquierda mediática transformando en dictadorzuelos bananeros a los que intentan garantizar el cumplimiento de la Ley. 

Posiblemente ha llegado el momento de rescatar nuestro sistema de los partidos políticos de siempre, que llevan décadas cercenando nuestro futuro, devolviendo a los ciudadanos su capacidad de decidir. Cada vez me parece más interesante, acorde a una sociedad más madura, la propuesta que propugna la celebración de referendos, donde se pregunte a los españoles sobre cuestiones políticas de especial trascendencia, tal y como prescribe el artículo 92 de la Constitución Española. Lástima que el poder mediático, unido a una sociedad carente de espíritu crítico, posiblemente convirtiera nuestra tabla de salvación, en un peso muerto. Su Sanchidad lo sabe, por eso todo le da lo mismo, con tal de perpetuarse en la poltrona.

Luis Nantón Díaz