Esta semana disfruté de una interesante conversación con un buen amigo, al que aprecio muchísimo. Comentamos sobre la denominada “LEY DE NIETOS”, aportándole bastante información sobre los previsibles, como oscuros objetivos de esta legislación, sobre todo tras ser “modificada” a golpe de “martillo ministerial”.

Mi amigo, a quien valoro sobremanera, es una persona muy preparada, y de talante siempre dialogante. De hecho, es un magnífico y experimentado analista político. Pero me llamó la atención, y así se lo hice saber, que tenía plena confianza en la Junta Electoral Central, que no permitiría tamañas brutalidades. No sé, con los vertiginosos cambios de nuestra sociedad en los últimos años, y todo lo que está ocurriendo, esto me hace comprender que nunca hemos llegado al tope. Mientras fagocitan las instituciones, mientras menoscaban nuestras libertades, pensamos sanamente en que las estructuras que antes funcionaban nos van a proteger…

Desde 2018, han entrado en la desgastada España más de 3,7 millones de extranjeros. Al menos eso cuentan las cifras del gobierno. A eso hay que sumarle los inmigrantes ilegales. Si adoptamos como referencia la cifra ofrecida por Sanidad sobre el número de ilegales atendidos en el sistema sanitario, habría que añadir 1,2 millones de personas más. La última regularización nos colocará con toda seguridad en un total de alrededor de seis millones de extranjeros. Se lo añadimos a los cinco millones y medio de inmigrantes que habían accedido antes de 2018. Estamos hablando de once millones de personas. Esto es una alocada política de disolución de la identidad nacional, con todos los problemas colaterales que conlleva: devaluación del mercado de trabajo, saturación del sistema sanitario, rotura del mercado de vivienda y una extensa lista.

Ahora, aunque desbarate aún más el país, el okupa de la Moncloa está alterando el censo electoral a lo bestia. Hablamos de más de 2.600.000 solicitudes de nacionalidad española, con unos requisitos que mueven a la risa. Hablamos de una tasa de denegación que casi no llega al 2%. La inusitada “fiebre española”, es de tal envergadura que se han contratado empresas privadas para gestionar con mayor celeridad los expedientes. No olvides que la instrucción está repleta de pequeños agujeros o excepciones para flexibilizar al máximo la concesión de nacionalidad.

Esto no va de “memoria histérica”, supera los objetivos de la ingeniería social para ser “chanchullo electoral” a corto plazo, para perpetuarse en el poder. La concesión masiva de nacionalidades a descendientes de españoles en el extranjero, unida al fin del voto rogado, modifica sistemáticamente el peso del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) en las elecciones generales del próximo año 2027.

Lo que aprobó en su día el Parlamento Nacional no tiene nada que ver con la ley que se está aplicando torticeramente. Esa es la principal controversia. Se aprobó una vía de nacionalidad vinculada a los descendientes del exilio político de la Guerra Civil. Sin embargo, su Sanchidad ha diseñado una interpretación más amplia que alcanza también a descendientes de emigrantes españoles por cualquier causa y desde el siglo XIX.

La generosa “ampliación” de la norma se originó por una instrucción administrativa suscrita el 25 de octubre de 2022 por Sofía Puente, entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública. Ahí se sitúa el primer reproche de fondo: una norma presentada como reparación a los exiliados ha terminado funcionando como una vía de nacionalización masiva.

No nos engañemos, el voto exterior no es irrelevante. En las generales de julio de 2023 alteró el último escaño de Madrid: el PP se lo arrebató al PSOE, los bloques quedaron empatados a 171 diputados y Pedro Sánchez necesitó el apoyo de Junts para ser investido. De ahí la compra de los siete diputados, a cambio de la amnistía, y las cuentas del Gran Capitán. Debemos tenerlo presente: La ‘ley de nietos’ disparará el censo exterior hasta los cinco millones de electores antes de las próximas elecciones.

El CERA ha crecido un 17% desde las elecciones generales del 2023, y en aproximadamente un ejercicio, afrontaremos un año claramente electoral; decisivamente electoral. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), a 1 de mayo de 2026 el número de electores inscritos en el CERA asciende a 2.708.083, frente a los 2.328.261 registrados en la cita electoral de hace tres años, lo que supone, en potencia,  cerca de 400.000 nuevos votantes.

Esa nueva masa de electores es equivalente a Madrid. España cuenta con 35,7 millones de electores residentes en territorio nacional, mientras que los españoles con derecho a voto desde el extranjero podrían rozar los cinco millones cuando concluyan estas “rebajas de la nacionalidad”. Importante… puedes elegir circunscripción. Si no está claro el origen, se te asigna la capital, pero hay una 4ª opción por la que puedes elegir plaza, y con muy pocos electores, sabiamente colocados, se pueden conseguir de 13 a 19 diputados. Vamos, que París bien vale una misa.

El impacto político dependerá de la participación. Si se mantiene el 10% registrado en las elecciones generales de 2023, cerca de medio millón de votos podrían llegar desde el extranjero. Una cifra con capacidad para resultar decisiva en las circunscripciones más ajustadas, donde unos pocos miles de papeletas pueden determinar la adjudicación del último escaño. Si en las últimas elecciones generales los inscritos en el CERA representaban cerca del 10% del censo total, actualmente en diez provincias superan ya esa importante cifra. Destacan Orense, donde el voto exterior equivale al 31% del censo provincial; Lugo, con el 23%; Pontevedra y La Coruña con el 16% o Asturias y Zamora con el 15%.

Poca gente duda de que el teatrillo de su Sanchidad se desmorone por su corrupción, su incompetencia y su desmesura. Pero a todo esto hay que otorgarle la importancia necesaria, e intentar adoptar medidas, porque nuestro gran timonel desea perpetuarse en el poder.

Luis Nantón Díaz